A continuación, se describen los cálculos hechos por el Florida Policy Institute (FPI, por sus siglas en inglés) sobre las repercusiones económicas y fiscales de los proyectos de ley CS/CS/SB 1718 y CS/HB 1617. 

Con el objeto de facilitar la lectura, en adelante nos referiremos a estos proyectos de ley como “SB 1718” y “HB 1617”, puesto que no hay más modificaciones propuestas para esos proyectos en comisión antes de su votación en tablas. Dado el lenguaje vago con el que están redactadas las disposiciones de las versiones tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, que, al 26 de abril de 2023, son idénticas, es probable que estos cálculos sobrestimen el verdadero impacto que estas leyes tienen sobre los residentes del estado de Florida, sus comercios, dependencias estatales y la economía de Florida en general. En 2011, Kentucky evaluó la aprobación de una legislación similar, la SB 6B. Su Comisión de Investigación Legislativa determinó que los impactos de esa ley era vastos e incuantificables, y el proyecto terminó perdiendo estado parlamentario. Los analistas del FPI utilizaron la información pública disponible para hacer los siguientes cálculos conservadores y describir las implicancias sociales de los proyectos de ley SB 1718 y HB 1617.

Sección 6: Empleo de residentes del estado de Florida indocumentados 

Ambos proyectos de ley declararían ilegal emplear, contratar o reclutar a cualquier persona, ya sea para un puesto público o uno privado, a sabiendas de que no se encuentra autorizada para trabajar de conformidad con lo dispuesto por la ley Federal de Inmigración, ya sea para sí mismo o para un tercero (para leer el enunciado al pie de la letra, consulte la Sección 6 de cualquiera de estos proyectos de ley). Los empleados que no cumplieran con esta disposición quedarían sujetos a distintas penas:

• La devolución de cualquier incentivo para el desarrollo económico.
• Un año de condena condicional con la obligación de presentar informes trimestrales ante el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO, por sus siglas en inglés).
• Penas adicionales en caso de que el empleador infrinja por segunda vez esta disposición. Estas penalidades tendrán distintos niveles de aplicación según la cantidad de trabajadores indocumentados a su cargo¹.

Además, cualquier trabajador que presente documentación falsa para ser contratado en un trabajo podrá ser acusado de delito de tercer grado, que se castiga con una multa de 5000 dólares o cinco años en prisión. No sería razonable quizás suponer que la mayoría de las personas pagaría los 5000 dólares de multa con tal de no ir a prisión porque ese monto equivale a casi el 10 % de los ingresos familiares promedio de los residentes de Florida. Muchos inmigrantes indocumentados ganan incluso menos que los trabajadores nativos y naturalizados de los Estados Unidos, de modo que es posible que lo que se recaude de las penas impuestas en virtud de esta disposición no satisfaga las expectativas del estado.

Sección 7: Verificación de idoneidad laboral (también llamado sistema de verificación electrónica o E-Verify)

Ambos proyectos de ley les exigirían a las empresas corroborar que cada nuevo empleado que tomen cumpla con los requisitos para poder trabajar, dentro de los tres días de la fecha de su contratación. El "sistema E-Verify" es un sistema basado en Internet operado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos cuyo propósito es verificar si la persona está legalmente autorizada para trabajar dentro del país².

Con la legislación propuesta, este sistema, que ya es de uso obligatorio para los empleadores del sector público, pasaría a ser también obligatorio para las empresas con 25 empleados o más. Si bien se quitaron las penas adicionales de los proyectos de ley presentados en un comienzo por cada una de las cámaras, en este punto es necesario hacer una salvedad: 

• Si el estado determinara que una empresa omitió usar el sistema E-Verify tres o más veces en el plazo de dos años, el DEO le aplicaría una multa de 1000 dólares diarios y le suspendería todas las licencias comerciales aplicables hasta que el empleado probara haber cumplido con esa exigencia.

Esto podría costarle a la economía de Florida unos 12 600 millones de dólares al año, lo que tendría una fuerte repercusión a lo largo y ancho del Estado³.

Si bien esta exigencia no se aplica a los empleados contratados en el pasado o los empleados actuales, la imposición de futuras multas podría expulsar del mercado laboral a los residentes de Florida que no tengan su documentación migratoria en orden. 

Industrias que se verían más perjudicadas por la exigencia de uso del sistema E-Verify

Las seis industrias más perjudicadas son también las mayores fuentes de empleo para los trabajadores indocumentados en Florida: (1) Construcción; (2) Servicios Profesionales, Científicos, Administrativos y de Gestión de Residuos; (3) Servicios Gastronómicos y Hotelería, Artes, Entretenimiento y Recreación; (4) Comercio Minorista; (5) Otros Servicios; y (6) Agricultura. 

• Las industrias mencionadas más arriba emplean a 391 000 trabajadores indocumentados, lo que equivale a cerca del 10 % de la fuerza laboral de estos sectores. 
• Los trabajadores indocumentados generaron unos 12 600 millones de dólares en estas industrias durante 2019 (año que proporciona la información fiable más reciente, debido a los problemas que se suscitaron para recolectar nuevos datos durante la pandemia de COVID-19).
• Algunas estimaciones postulan que los inmigrantes indocumentados gastan un 7,3 % de sus ingresos pagando impuestos, lo que equivale a aproximadamente 923 millones de dólares en impuestos estatales y municipales solamente durante 2019.

Estas seis industrias fueron responsables del 25 % del producto bruto interno (PBI) de Florida en 2019, lo que equivale a unos 275 000 millones de dólares. 

• Sin estos trabajadores indocumentados, estos sectores perderían un 10 % de su fuerza laboral de estos sectores con la consecuente pérdida también de salarios. En consecuencia, el PBI de Florida podría descender unos 12 600 millones de dólares en un solo año o un 1,1 %. Recortar el poder adquisitivo de estos trabajadores significaría también una baja en la recaudación fiscal del estado y los municipios.
• Esto tendría un impacto en una de las principales industrias de Florida, la Agricultura, la Industria Forestal, la Pesca y la Caza, puesto que se calcula que su fuerza laboral está compuesta por un 47 % de trabajadores indocumentados. En particular, la industria de la agricultura de Florida se enfrentaría a grandes desafíos, ya que los granjeros tienen que cubrir rápidamente los puestos laborales en zonas geográficas aisladas, para lo cual utilizan una gran cantidad de trabajadores migrantes de otros países. Después de que Georgia aprobara la Ley de Verificación Electrónica E-Verify en 2011, un granjero, por tomar solo un caso, vio como 300 trabajadores rurales huían de sus puestos, lo que lo hacía pensar que se vería forzado a "abandonar aproximadamente el 25 % de sus 125 acres, con una pérdida proyectada de 250 mil dólares [esa] temporada".

La implementación de la normativa sería costosa y dificultosa

• El DEO no cuenta actualmente con una sección sólida dedicada a la instrumentación de las leyes propuestas, lo que acarrearía grandes gastos para la creación de nuevos puestos y exigir el cumplimiento de las disposiciones de esta sección.
• Las deficiencias del sistema son costosas. CATO Institute halló que en los estados que exigían el uso del sistema E-Verify tanto los empleadores como los empleados "ignoraban abiertamente esa obligación". Incluso en estados cuya instrumentación de la norma es mucho más agresiva de lo que disponen los proyectos de ley HB 1617/SB 1718, solamente la mitad de los empleadores están dispuestos a cumplir con ella o están en condiciones de hacerlo.
• Debido a errores en las bases de datos gubernamentales que sustentan el sistema E-Verify, este sistema podría rechazar incorrectamente a un ciudadano de los Estados Unidos o alguna otra persona autorizada por ley a trabajar. Tomando en cuenta la tasa de errores, el FPI estima que 11 053 trabajadores de Florida podrían ser categorizados incorrectamente⁴. Además, los inmigrantes debidamente documentados y los titulares de tarjetas verdes (residentes permanentes legítimos) están 27 veces más expuestos, en el primero de los casos, y 4 veces más expuestos, en el segundo de los casos, a sufrir un error inducido por el sistema E-Verify que los ciudadanos de los Estados Unidos. Así, las empresas contratarían a un trabajador, lo pasarían por el sistema de verificación electrónica E-Verify y luego se verían forzadas a despedirlo rápidamente o arriesgarse a recibir penas y multas. La alta rotación del personal es también un factor que encarece el comercio. 

Sección 10: Tráfico de personas

Los proyectos de ley SB 1718 y HB 1617 definen el "tráfico de personas" como el acto por el cual cualquier persona introduce a sabiendas y de manera voluntaria a una persona indocumentada en el estado habiendo conocido o "debiendo haber [conocido] lógicamente el estado migratorio de esa persona". (Consulte la Sección 10 de ambos proyectos de ley para leer la definición al pie de la letra). 

Escenarios en los que los residentes del estado de Florida podrían ser acusados de delitos

Ambas leyes fijarían las penas que se describen más abajo a cualquier persona que a sabiendas y por propia voluntad introdujera a alguna persona indocumentada en Florida⁵:

Escenario 1: delito de tercer grado en caso de que la persona cometa un delito por primera vez y transporte menos de cinco inmigrantes. 

• Recibirá una acusación distinta por cada inmigrante indocumentado que transporte. 
• Hasta 5000 dólares de multa (en vez de cárcel) o cinco años de cárcel por cada acusación. 

Escenario 2: delito de segundo grado (las penas pueden incluir hasta 10 000 dólares de multa [en vez de cárcel] o 15 años de cárcel) para cualquier persona que:

• Incurra en el primer escenario por segunda vez.
• Transporte a cinco o más personas indocumentadas en un "único episodio".
• Introduzca en el estado a un menor indocumentado (menor de 18 años).

De acuerdo con los proyectos de ley, una persona que es arrestada por "tráfico de personas" deberá ser puesta en prisión preventiva hasta que comparezca ante el tribunal para aceptación de los cargos imputados y se lo libere hasta que finalice la etapa de instrucción.

Costo potencial del encarcelamiento de personas

La aplicación de la ley le costaría el estado entre 152 000 y 481 000 dólares por persona condenada, dependiendo del tipo de delito⁶.

• Los delitos de tercer grado le costarían al Departamento Correccional hasta 152 000 dólares por persona encarcelada o 129 000 dólares en caso de que esta cumpla el 85 por ciento de su sentencia.‍
• Los delitos de segundo grado le costarían al Departamento Correccional hasta 481 000 dólares por persona encarcelada o 408 000 dólares si esta cumple con el 85 por ciento de su sentencia.

Grupos que se verían más afectados por la aplicación de la norma sobre tráfico de personas

De acuerdo con las disposiciones vagas y generales incluidas en los proyectos de ley SB 1718/HB 1617, un sinfín de residentes del estado de Florida podrían ser acusados de "tráfico de personas". Aunque es imposible dimensionar por completo sus verdaderos efectos, el FPI incluyó en sus estimaciones dos de los grupos que probablemente se vean más afectados. Las versiones originales de cada proyecto de ley hubieran alcanzado a muchos más residentes del estado de Florida, de modo que este enfoque más acotado representa en sí una importante mejora.

Parejas casadas

‍Aproximadamente, unos 130 000 inmigrantes indocumentados son cónyuges de algún ciudadano de los Estados Unidos residente en Florida. Un cónyuge nacido en los Estados Unidos podría ser acusado de un delito de tercer grado por salir de Florida con su esposo o esposa y regresar luego juntos a su casa. 

Trabajadores rurales y sus acompañantes

‍Entre 150 000 y 200 000 trabajadores rurales temporales inmigrantes que viajan cada año (a menudo junto con sus familias) hasta Florida desde otros estados para trabajar. Como ya se mencionó, un 47 % de los trabajadores rurales y afines de Florida son inmigrantes indocumentados⁷.

• Cualquier persona que transporte (p. ej., conduzca) a algunos de estos trabajadores inmigrantes indocumentados hasta Florida, como, por ejemplo, algún familiar, amigo, empleador o colega, podría ser acusado de un delito de tercer grado.
• Además, los trabajadores rurales suelen compartir vehículos o formar caravanas de pequeños grupos durante el trabajo de temporada. Así que si una persona conduce un vehículo hasta el lugar de trabajo con cinco o más colegas indocumentados, incluso una sola vez, podría ser acusada de un delito de segundo grado. 

El Programa de Transporte de "Extranjeros" No Autorizados costará otros 12 millones de dólares

En la actualidad, el estado recibe unos 12 millones de dólares en intereses del gobierno Federal para "facilitar el traslado fuera del estado de extranjeros no autorizados". Esta acción forma parte de las iniciativas de recuperación por la pandemia de COVID-19 e incluye la subcontratación de empresas de transporte privado para tal fin. A pesar del escándalo nacional, la Legislatura le otorgó a esta iniciativa carácter permanente (el “Programa de Transporte de Extranjeros no Autorizados”) durante la sesión especial de este año mediante la presentación del proyecto SB 6-B, ya convertido en ley. 

Ambos proyectos requieren unos 12 millones de dólares adicionales para el financiamiento del programa durante el año fiscal 2023-2024⁸. Apuntar contra los inmigrantes, independientemente del estado de su documentación, y desviar cualquier ingreso fiscal para solventar este programa no solo es perjudicial para los inmigrantes, sino también para todas nuestras comunidades.

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Notas

¹ Los niveles son los siguientes: de 1 a 10 trabajadores indocumentados, suspensión de todas las licencias comerciales durante hasta 30 días; de 11 a 50 trabajadores, suspensión de todas las licencias comerciales durante hasta 60 días; más de 50 trabajadores, revocación de todas las licencias comerciales.

² Obsérvese que se trata de una ampliación de la legislación sobre el uso del sistema de verificación electrónica E-Verify, aprobada en la sesión de 2020 conforme al SB 664. De conformidad con ese proyecto legislativo, convertido en ley en 2021, los empleadores privados tenían una segunda oportunidad de verificar las condiciones de empleabilidad de los postulantes. El SB 664 solamente obligaba a los empleadores públicos a utilizar el sistema. Este es un intento de rectificar esa cuestión obligando a los empleadores privados a usar exclusivamente el sistema E-Verify.

³ Para arribar a un número aproximado de residentes indocumentados en el estado de Florida, el FPI usó información del Migration Policy Institute, obtenida de su análisis de los datos combinados de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) de 2015-2019 y la Encuesta sobre Fuentes de Ingreso y Participación en Programas de Asistencia Económica (SIPP, por sus siglas en inglés) de 2008, ambas a cargo de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, los cuales se ponderaron con los cálculos de la población inmigrante indocumentada de 2019 proporcionados por Jennifer Van Hook de la Universidad Estatal de Pensilvania. A continuación, el FPI utilizó los datos sobre empleo y salarios de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para calcular la cantidad de trabajadores aportados a las seis industrias y sus salarios totales anuales. Suponiendo que los trabajadores indocumentados no están incluidos en los datos del BLS, el FPI sumo la cantidad aproximada de trabajadores indocumentados a la fuerza laboral. Luego, dividió el total de la masa salarial anual por la cantidad de trabajadores de la nueva fuerza laboral para determinar un salario promedio anual (aproximadamente, $30 810) para todos los trabajadores de las seis industrias, incluyendo a los trabajadores indocumentados (que iba desde los $17,701 en Agricultura hasta los $44 320 en Construcción). Estos hallazgos son similares a los del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP). A continuación, basándonos en los cálculos del ITEP respecto de que los trabajadores indocumentados gastan en Florida un 7,3 % de sus ingresos en el pago de impuestos estatales y municipales, multiplicamos el total de la masa salarial calculada correspondiente a los trabajadores indocumentados (aproximadamente unos 12 600 millones de dólares) en estas industrias por 7,3 % y obtuvimos un resultado estimado de 923 millones de dólares de recaudación fiscal estatal y municipal. Una limitación de nuestra metodología es que supone que los datos del BLS no incluían a ningún trabajador indocumentado y que el salario de estos se equiparaba con el de los otros trabajadores afines.

⁴ Desempeño del sistema E-Verify durante el año fiscal 2022, disponible en https://www.e-verify.gov/about-e-verify/e-verify-data/e-verify-performance. El USCIS reporta una tasa del 0,12 por ciento por confirmaciones no tentativas errónea (TNC, por sus siglas en inglés). Actualmente, existen aproximadamente 9 210 870 trabajadores empleados en Florida: https://www.bls.gov/oes/current/oes_fl.htm#00-0000. Un 0,12 por ciento de los 9 210 870 trabajadores de Florida equivale a alrededor de 11 053 trabajadores.

⁵ Las versiones presentadas originalmente por las cámaras impondrían, además, duras penas a quienes introduzcan inmigrantes en el estado, lo que resultaría en una incalculable cantidad de residentes del estado de Florida que podrían ser acusados de delitos todos los días. Véase el árbol de decisiones del FPI sobre la versión del Senado de este proyecto legislativo antes de que la Legislatura acotara los alcances de la ley.

⁶ A fin de establecer un cálculo de costos, el FPI se basa en los resultados de la presentación "DOC Per Diem and Bed Costs" (Costos de manutención diaria estimados por el DOC), que se presentaron durante la Conferencia sobre el Impacto de la Justicia Penal, el 27 de marzo de 2023. Un delito de tercer grado acarrea una pena máxima de prisión de cinco años. Por lo tanto, el FPI utilizó los costos operativos totales por recluso presentados durante la conferencia para calcular el período comprendido desde el AF 2022-2023 al AF 2026-2027. Un delito de segundo grado acarrea una pena máxima de prisión de 15 años. El FPI utilizó todos los costos operativos por interno presentados durante la conferencia para un período de 10 años desde el AF 2022-2023 hasta el AF 2031-2032. Para incluir los cinco años adicionales, el FPI tomó el gasto promedio de ese período de 10 años ($32 036) y lo multiplicó por 5.

⁷ Véase la nota al pie nro. 3

⁸ Al 26 de abril de 2023, el Comité de Conferencia sobre Transporte, Turismo y Desarrollo Económico se encuentra consolidando las diferencias entre los presupuestos propuestos por el Senado  y la Cámara de Representantes de Florida. De conformidad con el renglón 575 de dichas propuestas, la Cámara de Representantes y el Senado todavía deben fijar un monto para el "Programa de Transporte de Extranjeros no Autorizados". Sin embargo, ambos proyectos de ley (véase la Sección 21) reservan "la suma de 12 millones de dólares del Fondo General de Recaudación Fiscal… para destinarlo a la División de Manejo de Emergencias, dependiente de la Oficina Ejecutiva del gobernador, a fin de financiar el Programa de Transporte de Extranjeros no Autorizados".